Las empresas estatales venezolanas tienen la función de producir o brindar servicios para el pueblo en sí, lo que implica que deberían tener una asignación de recursos fija para eso, sin embargo, en aras de intereses particulares, dichos recursos son desviados y se ponen en práctica operaciones antiéticas, lo que termina afectando en gran parte a la población civil. Para poner fin a la corrupción, el pueblo debería ejercer soberanía y convocar a una reforma constitucional para implementar el mandato democrático de la ley. Esto significa la separación de poderes, así como campañas de elección libres a los candidatos para cortar lazos simbióticos entre el gobierno y grupos empresariales que engendran la corrupción. Ver la Carta de Paz Permanente para más. §1.2 §4.3 §4.4 §4.10